La estafa más grande de la historia es la idea de que el Estado, como institución que monopoliza el uso legítimo de la violencia, puede generar prosperidad y bienestar. El Estado se generó, históricamente, de la conquista de un grupo fuerte no productor sobre un grupo productor y más débil. Es la institucionalización de la explotación, cuando un grupo de gente realiza que puede vivir utilizando la fuerza para expropiar aquello que otros producen. El concepto de “Estado Benefactor” (Welfare State) en una contradicción en sí misma.
El Estado no puede generar riqueza, solo puede expropiarla y redistribuirla, y en este proceso inevitablemente destruye riqueza, y lo que queda se la reparte entre sus compinches. El concepto del “Contrato Social” es una falacia. Un espejismo para justificar el poder político. No somos gobernados por ángeles. Prueba más clara de esto nuestra propia clase política. ¿Acaso dudamos que los políticos actuales ocupan el poder del Estado para su propio beneficio? El simple hecho de ser un sistema de poder electo democráticamente no elimina el hecho de que el sistema actual es corrupto, despilfarrador e ineficiente.
¿Cómo se justifican moralmente los impuestos cuando mucho del dinero que el Estado le confisca a los ciudadanos es utilizados para satisfacer intereses de individuos y grupos de interés? El programa social del gobierno se vuelve solo una herramienta de control político. Es utilizado electoralmente. A la clase política le interesa mantener la pobreza. No hay incentivo político para eliminarla. Esto les permite manipular la esperanza de las masas con promesas electorales. Una vez en el poder solo reparten lo necesario para mantener el status quo. Es un sistema de incentivos perversos que destruye la capacidad productiva de un país y empobrece a su gente.
Es absolutamente necesario un programa reformista que busque fortalecer la institucionalidad. Es ingenuo pensar que nuestros diputados y gobernantes por si solos pasarán las leyes necesarias para salir del hoyo en el que estamos. Es más, las leyes que pasan nuestros gobernantes están creando más problemas de los que están resolviendo. Necesitamos limitar el poder de los políticos y eliminar su capacidad de abusar del sistema para su propio beneficio. Necesitamos leyes que rijan con mayor fuerza el actuar de los políticos. Necesitamos un programa de reformas liberales que reinstauren un estado de derecho verdadero, que eliminen la discrecionalidad en las decisiones públicas, que transparenten los gastos públicos y que deje de meterle zancadilla a la capacidad emprendedora de la sociedad.
¿Por adonde se empieza? Hay TANTO que hacer en este sentido, pero siempre es necesario caminar un paso a la vez. Uno sencillo: la Corte de Cuentas. Despartidizar, transparentar y profesionalizar la Corte de Cuentas. No basta con solo cambiar a la gente en la institución. Se debe reformar para que verdaderamente cumpla su función y haga respetar los fondos públicos, que no son más que aquellos dineros que el Estado le confisca a los ciudadanos.
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